Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Nacional/2023/08/04/1103126/daniel-andrade-democracia-viva-convenios.html

Esta mañana, ex responsable legal de Democracia Viva y ex pareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, abordó en extenso el detalle de los polémicos convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, y que destaparon el Caso Convenio que desde que se conoció en junio, ha dejado una serie de aristas e indagatorias abiertas en al menos 10 regiones del país.

En entrevista con Contigo en la Mañana de Chilevisión, Andrade explicó que los tres convenios cuestionados son de naturaleza distinta entre si. Uno es para «construcción de vivienda y otros, para diagnóstico de la comunidad (…) En particular, los convenios a los que nosotros accedimos, eran de levantamiento de diagnóstico, y el otro convenio era el acompañamiento y construcción de esta infraestructura liviana». Asimismo, comentó que el proyecto de la fundación Democracia Viva se concibió en 2020 cercano al inicio del proceso constituyente, y estaba enfocado en la «participación ciudadana y todo lo que tiene que ver con formación ciudadana», en tanto, la firma formal para darle forma legal, fue en septiembre de 2021, pero que antes de eso, ya estaban trabajando con otras fundaciones en diagnósticos en materia de campamentos. Andrade sostuvo que los tres convenios suscritos suman un total de $426 millones, contemplaban una duración de 12 a 16 meses. Uno de ellos, fue adjudicado en noviembre del año pasado, y la ejecución empezó en marzo.

«Nosotros ejecutamos $131 millones a la fecha (junio), esos montos contemplaban parte de la red húmeda, una estación seca, proyecto que no nos acomodó, pero que el Serviu nos obligó a hacer, y la otra fue acomodar postes que habían quedado mal instalados de intervenciones anteriores, no nuestras», precisó. Asimismo, detalló que para estos trabajos «eran cinco o seis personas, a veces siete, con boleta, todo eso está respaldado», y aclaró que «los gastos que hacía la fundación era tutelados por el Serviu, que es un organismo técnico. Ellos autorizaron la construcción, las contrataciones».

Además, afirmó que «nunca nos pidieron boleta de garantía», y aunque subrayó que ellos sí solicitaron boletas de garantía a las constructoras, «no fue algo que el Estado nos pidiera».

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