Computadores, notebooks, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos son algunos de los equipos que la PDI requisó en fundaciones, secretarías regionales ministeriales (seremis), gobiernos regionales (gores) y otras reparticiones públicas, desde que comenzó el caso Convenios a mediados de junio. Ahora, en una segunda etapa investigativa, la Brigada del Cibercrimen de la PDI inició la recuperación de evidencia desde los equipos tecnológicos, indicaron a «El Mercurio» conocedores de las pesquisas que, de forma reservada, realiza el Ministerio Público en todo el país. Se indagan 33 fundaciones -ayer se agregó otra nueva en Tarapacá- por eventuales delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias, estafa y lavado de dinero, entre otros delitos. El objetivo es extraer la información disponible en los aparatos y rescatar aquella que pudiera haber sido eliminada. La diligencia comienza en Antofagasta, donde se tramita la indagatoria en torno a las fundaciones Democracia Viva -cuyo convenio sumó $426 millones-, Urbanismo Social, ProCultura, Tomarte y Movimiento Fibra.
