Una de las primeras conclusiones a las que llega la Fiscalía Metropolitana Sur, que dirige una investigación contra la ex candidata a gobernadora de la Región Metropolitana, Karina Oliva, por el eventual delito de fraude en la rendición de gastos electorales efectuada para su reembolso, es que «existen antecedentes que permiten establecer que hubo personas del Partido Comunes respecto de quienes se hicieron pagos que no se condicen con la información rendida al Servicio Electoral de las cuentas de doña Karina Oliva y el partido». Asimismo, que existe información de «cheques que estaban destinados al pago de proveedores a quienes nunca llegó el dinero, siendo (…) cobrados por miembros de la campaña de la candidata». En consecuencia, habría una deuda con esos proveedores por más de $400 millones, «en circunstancias que el Servicio Electoral autorizó el pago de reembolso electoral».
