Rechazo generalizado causó en la oposición el anuncio del Gobierno de vetar la ley de usurpaciones, cuyo proyecto fue aprobado y despachado el 30 de agosto por el Congreso. Según detalló la ministra del Interior, Carolina Tohá, el recurso presidencial contempla 10 observaciones, las que estarán enfocadas en tres puntos específicos: la legítima defensa privilegiada, las penas asociadas a las ocupaciones y los instrumentos que tienen los propietarios para pedir la restitución de sus inmuebles. Decisión que generó fuertes críticas en Chile Vamos y el Partido Republicano, donde estiman que, con este veto, el Gobierno fue más allá de lo que había comunicado en un principio, dificultando aún más la tramitación en el Parlamento.
