A principios de octubre, la Fiscalía de Antofagasta resolvió a favor de varias de las diligencias solicitadas mediante una ampliación de querella, ingresada en agosto pasado, por los diputados republicanos Cristián Araya y Juan Irarrázaval en el denominado caso Convenios, donde se investigan eventuales delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias, entre otros. Una de ellas solicitaba que se llamara a declarar en calidad de imputados al exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson; al jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, y a la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, todos militantes de Revolución Democrática (RD), lo que finalmente fue resuelto de manera afirmativa por el Ministerio Público. Así, la exautoridad y los actuales funcionarios del Gobierno serán interrogados «sobre los hechos objeto de la ampliación de querella y todo antecedente de utilidad en la presente investigación», según solicitaba la acción penal. La presentación, en la que los congresistas son representados por el abogado Sergio Rodríguez, tiene como eje los posibles incumplimientos de Jackson, Crispi y Martínez de sus obligaciones fiscalizadoras en el marco de la indagatoria que comenzó con la arista de Democracia Viva e incluye actualmente a otras fundaciones, como Urbanismo Social y ProCultura
